Atiende consultas individuales relacionadas con la normativa institucional respecto a su interpretación y aplicación. De la misma forma atiende las reclamaciones, inconformidades o denuncias que a título personal presente cualquier miembro de la comunidad universitaria que considere que los derechos que le otorga la normativa institucional han sido violados por actos, resoluciones u omisiones de los funcionarios, profesores, dependencias académicas o administrativas o cuerpos colegiados de unidades académicas, o cuando no haya recibido respuesta a una solicitud formal dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de su petición, tomando en cuenta los términos establecidos para el particular en la normativa universitaria

A los integrantes de la Comunidad Universitaria, es decir: a los alumnos de los programas de licenciatura, posgrado y educación continua; asimismo al personal académico, administrativo y de servicios de apoyo, incluyendo los de servicios concesionados.

La Procuraduría de Derechos Universitarios busca apoyar la tarea formativa que la Compañía de Jesús se ha impuesto en sus obras educativas. La educación jesuita acentúa por una parte los valores comunitarios, como “la igualdad de oportunidades para todos, los principios de la justicia distributiva y social, y la actitud mental que ve el servicio a los demás como una realización propia más valiosa que el éxito o la prosperidad individual”, haciendo énfasis en “el respeto mutuo, la dignidad humana y los derechos humanos de toda persona”.

Recibe quejas, lleva a cabo la investigación correspondiente, busca soluciones conciliatorias,  emite recomendaciones, e interviene para el mejoramiento de la normativa universitaria y los procedimientos. Informa sobre sus actividades.

• Tiene carácter independiente y en la realización de sus funciones sólo está sujeta al espíritu del Estatuto Orgánico y a la normativa universitaria.
• Estricto respeto al secreto profesional y riguroso manejo de la información recibida.
• Realización rápida, expedita e inmediata de los procesos de resolución.

Brinda asesoría sobre la interpretación y alcances de la normativa emanada del Estatuto Orgánico e interviene, en aquellos casos en los que se considere que algún derecho universitario no ha sido respetado.